
EL NOTICIERO UNIVERSAL, 17 de febrero de 1979
A pesar de que la democracia, como concepción de convivencia, tiene mucho de dogmatismo y aun de mitología, es un hecho cierto, comprobado, que son varios los modelos de sociedad democrática que los pensadores, y los seudopensadores, someten a la Ingenua consideración de las gentes. Recientemente hemos visto defender en letra Impresa, no sabemos si con ironía o con intención seria y formal, la excelencia de la repetición de nombres de candidatos a diputados o senadores y la profesionalización de lo que se denomina «clase política».
Este modo de ver la gestión de la «república» responde a una confusión como es a identificación de la Política con la Administración. Es cierto que esta última viene regida por una técnica específica, que es característica de un oficio, de una profesión. Pero trasladar este enfoque a la misión encomendada a los altos puestos de Gobierno y a los cargos parlamentarios seria tanto como entronizar en ellos ese sistema tan discutible –y tan discutido- que se ha denominado la Tecnocracia. Hay que distinguir, pues, con toda claridad la función política y la función administrativa; y si la segunda tiene por norte la eficacia, la primera ha de ser orientada hacia fines y valores más nobles y más radicalmente humanos.
De hecho, en alguna medida, esa profesionalización de la política (con minúscula) a la que se viene tendiendo, habrá producido utilidad a los individuos que, autoadscribiéndose a las elites, han encontrado en el continuísimo y en el prebendismo un seguro de Vida, con satisfacción a sus ambiciones personales, pero no ciertamente ha sido causa de beneficio para la comunidad a cuyo servicio debe subordinarse la acción política.
Entre otros muchos casos análogos -sólo con diferencias circunstanciales- de «profesionalización» de la citada «clase política», que más bien podemos llamar de la cronicidad en la permanencia y disfrute del Poder, podría recordarse el de un gobernador civil que contrajo matrimonio ejerciendo ese cargo de gobernador y que, al cesar –quince o veinte años después- tuvo que poner casa, por primera vez, porque durante ese tiempo él, su mujer y su numerosa prole –nacida, naturalmente, en esos años- estuvieron habitando siempre en vivienda oficial; no sabían lo que era el hogar familiar.
A quienes así instalados suman años y años sin solución de continuidad en funciones públicas, resulta difícil apearlos de coche oficial y tienen perdido el sentido de una realidad que constantemente se contradice con lo que ellos manifiestan. Mientras los trabajadores siguen en paro, las empresas quiebran, los barcos pesqueros son apresados, se atraca, se roba y se asesina todos los días, el gobierno de la sonrisa dice a los españoles que las cosas, gracias a sus determinaciones, van mejor y se entrega enteramente a la campaña electoral que danza y avanza con muchos pasos antiguos, aunque es justo reconocer que no le faltan algunos nuevos: comidas, paseos, desayunos en bares, recorridos por calles y plazas con besos y abrazos a las maneras más frívolas y pueriles del norteamericanismo, con todo lo cual se ahorra el esfuerzo y el trabajo de construir el discurso serio –y propio- que se adentre en los muchos, graves, apremiantes problemas planteados en nuestro pueblo, y esquivando, así, la necesaria comunicación oral y directa con él, sin trampas ni artificios simuladores.
Entretenidos los políticos en la busca de clientes y de votos, entre tanta banalidad, ha pasado casi inadvertida la gravísima denuncia de un líder socialista –por velada no menos grave- contra la conducta del Gobierno en relación con la seguridad y protección de la vida de los españoles, cuando en un orden democrático vivo y responsable se hubieran pedido clamorosamente y con urgencia, mayores puntualizaciones al denunciante y exigido cumplidas explicaciones al Gobierno con todas las consecuencias si no fueran satisfactorias.
Si la teoría democrática es la forma de la civilización, en la realidad, muchas veces, las democracias representativas actuales están dominadas por la burocracia dictatorial de los partidos que imponen a los electores los nombres y el orden de los candidatos que han de elegir mediante listas cerradas que les impiden votar a los que mayor confianza y crédito les inspiren, lo que es una coacción sobre su voluntad y su conciencia que les aleja de sus representantes, quienes así harán lo que quieran los jefes y los comités pero no lo que ellos –pueblo- deseen.
Diputados cuneros se llama, según el diccionario de la Academia (de la Lengua Española) a los candidatos o diputados a Cortes extraños al distrito y patrocinados por el Gobierno. Con profusión que llega a producir fatiga y hastío se ha estado hablando al país de descentralización, de autogobierno, de democracia geográfica, pero a la hora de formar candidaturas para las elecciones de diputados y senadores, los partidos políticos han prescindido de aquellos principios, y al dictado de sus jerarcas y manogneadores han compuestos esas listas en las que aparecen en los primeros puestos nombres de sujetos completamente desligados de los intereses provinciales y locales respectivos, que las más de las veces desconocen tanto como ellos mismos son allí desconocidos.
Las protestas originadas por tan desaprensivo comportamiento de líderes y de comités, solo en parte han sido recogidas por los medios de información, y si dichos «dictadores» (dictador es el que dicta) se dieran una vuelta por la España real, por la España provincial –que no provinciana- se percatarían de que esa imposición de candidatos forasteros, cunero, como se les llamaba en el periodo histórico -1876-1923-, solo puede conducir a la repulsa de unas listas en las que el rígido sistema de las reglas de D’Hondt impide tachar o proponer nombres y ejercitar libremente el sufragio, no obstante considerarse sagrado. Que después no se lamenten del aumento de abstencionismo pues esta es la consecuencia natural. No puede esperarse otra cosa de la partitocracia llevada a sus últimos reprobables extremos.
Ramón SERRANO SUÑER
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