PIRATERIA Y TERRORISMO

ABC, 21 de octubre de 1986

La tolerancia es un sentimiento que, teóricamente, ha de estar en la raíz de la democracia, pero por encima de tan noble sentimiento está la solidaridad entre los hombres, que el Estado ha de amparar en cumplimiento de uno de los deberes que lo justifican en relación con la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Ante los primeros crímenes terroristas hubo un Gobierno que, en lugar de reaccionar con firmeza y con serenidad, explicó al país, con pedantería, una filosofía nueva que consistía en quedarse quieto cuando el peligro llegaba para no caer en la trampa que se le tendía. Sin embargo, siendo el peligro cierto y muy grave -como mejor que nadie podían pulsar los falsos estoicos que la formulaban-, se rodearon, para su seguridad y la de todos los suyos, de formas y medios de protección tan poderosos como nunca antes fueron conocidos, dejando a la intemperie al resto del país, con lo que cayeron en la trampa cientos de españoles, y con alternativas más o menos violentas y extensas se han venido repitiendo los crímenes casi diariamente, siendo las víctimas especialmente miembros de las fuerzas encargadas de la seguridad que, en medio de aquella actitud inhibitoria de la autoridad, parecía que su misión era simplemente la de morir.

Hoy, ante la escalada del terrorismo y la invasión de la delincuencia común -robos, atracos, violaciones, secuestros-, facilitada por una política de permisividad hacia los delincuentes (preocupada con sus derechos humanos, mientras que las víctimas carecían de ellos), el presidente del Gobierno anuncia que se redoblarán los esfuerzos en la lucha contra este fenómeno social, y el ministro del Interior asegura que dirige su mayor esfuerzo para alcanzar el necesario clima de seguridad en el que pueda desenvolverse normalmente la convivencia libre y pacífica.

Para ello, además de devolver la autoridad a los jueces y la moral a la Policía y Fuerzas de Seguridad, como el terrorismo se extiende más allá de las fronteras, son necesarios acuerdos de carácter internacional para combatirlo, aunque como ha escrito el profesor
Galán el terrorismo ya no es sólo un problema policiaco, sino una nueva forma de acción bélica y alcance estratégico mundial.

Fenómenos antisociales tan graves como el terrorismo se produjeron también en otros tiempos y países, y exigieron un tratamiento internacional, como ocurrió con la piratería, de origen remotísimo y que, con alternativas, ha llegado hasta el siglo XIX. Los piratas, «ladrones del mar», llamados «forbans» por los franceses, recorrían los mares para cometer actos de depredación a mano armada, tanto en tiempo de paz como de guerra, en los buques de todas las naciones. Los piratas fueron en el Mediterráneo amenaza constante y llegaron en su poderío y arrogancia a organizarse en una república -en Cilicia- en el Asia Menor. El Insigne historiador Mommsen, que estudia el fenómeno, cuenta que el Senado romano se organizó contra el gran peligro y que Pompeyo, al frente de una gran armada, consiguió una memorable victoria contra ellos, que Cicerón  exaltó.

Reaparecida la piratería en la Edad Media, y extendiéndose al Atlántico, fue derrotada por la Marina inglesa. Con ocasión  de sus últimas apariciones en 1869 se produjo un hecho clave en la internacionalización para luchar contra la piratería: buques españoles desembarcaron sus hombres en territorio británico persiguiendo a unos insurrectos cubanos que se habían transformado en piratas. El Gobierno inglés protestó por el desembarco, pero el Gobierno español -todavía fuerte- contestó que la persecución de los piratas no constituía violación del territorio extranjero por tratarse de un acto en interés de la civilización, y la Gran Bretaña, poniendo por encima de su orgullo el pragmatismo, accedió a la pretensión española y desde entonces se entendió que en la persecución de los piratas no había aguas jurisdiccionales, ni soberanía territorial; y que su apresamiento se podía realizar por un Estado en aguas o territorio de  constituyéndose así una especie de extradición automática.

Ese carácter internacional con que fue combatida y extirpada la piratería parece que ha de ser aplicado al terrorismo, dado que sus consecuencias de todo orden a todos los países afectan. (De igual manera que sucedió, según ya se ha indicado, con el Estado que para su organización y operaciones creó la piratería, sucede hoy con el terrorismo, ya que si no se ha creado propiamente un Estado es empleado el de Libia para sus fines... y algún otro puede estar detrás.)

Contra -la extensión universal del terrorismo debe reaccionarse con una coordinación entre los distintos países, acordando una norma general, internacional, acatada por todos; para terminar con este fenómeno social del siglo XX, y en esta dirección se encamina la actividad de Alemania, Francia, Inglaterra y otros países, y del grupo Trevi, con reuniones periódicas en La Haya sobre el intercambio de información, controles de frontera y otras medidas, especialmente en Europa. Existe ya, pues, el embrión de una organización con esta finalidad una acción concertada a escala mundial por todos los Estados porque es la paz internacional lo que peligra.

En cuanto a la legislación española debe señalarse que en el "Código de las Siete Partidas" se habla sólo de "corsarios", porque entonces corsario era sinónimo de pirata -siendo posterior la diferenciación entre los dos conceptos-, y les llama ladrones que roban a otro en la mar con armas en la mano. En el Código Penal de 1870 no se preveía este delito, pero se entendía incluido en el capitulo IV del titulo I del mismo, que trata de los delitos contra la segundad del Estado.

La ley Penal de la Marina Mercante de 28 de junio de 1923 determinaba que en los delitos de piratería debían ser condenados sus autores, cómplices y encubridores con arreglo a los artículos 155 Y 156 del Código Penal entonces vigente; -y el Código de 1928, dado por decreto de la dictadura del general Primo de Rivera -que el profesor Jiménez de Asúa llamaba Código gubernativo-, sí definía y castigaba aquel delito, pero perdió su vigencia con la República, que restableció el de 1870, aunque con algunas modificaciones que no afectaban al tema. (Hoy podría hablarse de piratería aérea.)

En cuanto al terrorismo, actualmente se tiene en España la-llamada ley Antiterrorista, pero se carece de una norma general de lucha que, mediante un concierto internacional, tuviera la suficiente eficacia para terminar con este execrable fenómeno social de nuestro siglo.

 

Ramón SERRANO SUÑER

 

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